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Congreso Nayarit

Elige Congreso cuatro magistrados del Poder Judicial

Luis Segura

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● Los magistrados numerarios ejercerán su encargo por 10 años

Tepic, 17 de diciembre de 2019.- Ramiro Ávila Castillo, Aracely Ávalos Lemus, Édgar Román Salazar Carrillo y César Octavio García Torres se eligieron como magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia por un período de 10 años, de entre las cuatro ternas de aspirantes a magistrados enviadas por el titular del Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.

Al término de la votación por cédula, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Leopoldo Domínguez González, tomó la protesta de ley a los profesionales del derecho para asumir su responsabilidad a partir del 19 de diciembre del presente año hasta el 18 de diciembre de 2029.

De la primera terna los profesionales del derecho Ramiro Ávila Castillo obtuvo 29 votos a favor, Héctor Hassan Béjar Sandoval obtuvo un voto y José Luis Vera Zepeda ningún voto.

De la segunda terna Aracely Ávalos Lemus obtuvo 27 votos, Blanca Estela Ramírez González registró dos votos y Mayté Adriana Llanos Castro cero votos; registrándose una abstención.

Los integrantes de la tercera terna Hugo René Toriz Alcaraz y Efraín García Hernández obtuvieron cero votos, Édgar Román Salazar Carrillo obtuvo 28 votos, registrándose una abstención y un voto nulo.

Y de la cuarta terna César Octavio García Torres registró 28 votos a favor, Osbaldo López Carbajal cero votos y Antonio Manuel González García un voto; se registró una abstención.

En la misma Sesión Pública de clausura los representantes populares dieron su voto afirmativo para designar al Oficial Mayor del Congreso del Estado, responsabilidad que recae en Rodolfo Darío Mondragón Portocarrero, cargo que asumirá hasta concluir el período de la Trigésima Segunda Legislatura.


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Congreso Nayarit

Aprueba Congreso Ley para simplificar trámites y servicios

Luis Segura

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• La Ley de Mejora Regulatoria permitirá reducir tiempos y costos en dependencias de gobierno estatal y municipal

Tepic, 19 de enero de 2020.- Que los trámites y servicios sean simplificados, otorguen certeza jurídica y reduzcan tiempos y costos de cumplimiento tiene como propósito la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Nayarit y sus Municipios, aprobada por la Trigésima Segunda Legislatura del Congreso local en el primer periodo del tercer año legislativo.

La nueva Ley contribuye en la construcción de un estado más eficiente, más transparente y participativo, que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información. Establece que los portales oficiales de internet de las dependencias, entidades estatales y municipales creen un apartado de mejora regulatoria, que deberá incorporar toda la información sobre la materia.

Prevé eliminar la discrecionalidad y la opacidad en la actuación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, además consolida acciones dirigidas a atender las demandas de la sociedad en la forma de normas, instituciones, bienes públicos y servicios.

La Ley de Mejora Regulatoria para el estado de Nayarit y sus Municipios presentada por la diputada Ma. de la Luz Verdín Manjarrez, que tiene un total de 108 artículos, en los que define importantes avances en trámites y servicios en línea, fija los principios de máximo beneficio, expeditez, control regulatorio, competitividad, máxima publicidad, transparencia y participación ciudadana.

Se destaca la creación del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, el Consejo Estatal, el Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios, el Registro Estatal y los Municipales de Regulaciones, el Registro Estatal de Trámites y Servicios y demás acciones administrativas que facilitarán la aplicación de este nuevo ordenamiento jurídico.

Para consolidar esta nueva ley se realizaron reuniones de trabajo con la Secretaría de Economía, Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y COPARMEX, ello para enriquecer el proyecto y crear un ordenamiento eficiente y eficaz que cumpla con los fines planteados.

La Ley se alinea al marco regulatorio federal y busca generar la mejora integral, continua y permanente de la regulación estatal y municipal, de manera coordinada con las autoridades de la materia, los poderes del Estado, los ayuntamientos y la sociedad civil.

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Congreso Nayarit

Recibe Congreso Auditoría de la ASEN a la Universidad Autónoma de Nayarit

Luis Segura

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Detectan irregularidades en la aplicación del presupuesto universitario

•Se detectan irregularidades en la aplicación del presupuesto universitario.

Tepic, 16 de enero del 2020.- Para conocer los resultados de la auditoría realizada a la Universidad Autónoma de Nayarit del ejercicio fiscal 2018, la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, que preside el diputado Rodolfo Pedroza Ramírez, recibió este jueves de manos del encargado de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Manuel Benítez Pineda, el documento que contiene el informe correspondiente.

De acuerdo con los datos arrojados, se dio a conocer que del presupuesto asignado y aprobado por el Consejo General Universitario en el ejercicio fiscal 2018, de poco más 2 mil 202 millones de pesos, se generó un déficit de más de 324 millones de pesos, aunado al adeudo histórico que viene arrastrando la UAN por mil 644 millones de pesos.

Entre las observaciones más relevantes de la auditoría practicada, Benítez Pineda enfatizó sobre los recursos destinados de forma injustificada a la Federación de Estudiantes (FEUAN), al Sindicato de Empleados y Trabajadores (SETUAN), al Sindicato de Personal Académico (SPAUAN) y al Sindicato Unitario de Trabajadores (SUTUAN), además de los recursos asignados para becas a docentes, préstamos a sindicatos, cancelación de adeudos, pago de salarios a personal que labora en la Universidad y otras instituciones, todo por el orden de los 194 millones de pesos.

En el mismo desglose de la información que destacó la ASEN, se indica que fueron asignados poco más de 19 millones de pesos al Instituto Mártires 20 de febrero A.C., de forma injustificada.

Al concluir con el informe, el encargado de la Auditoría Superior, Héctor Manuel Benítez Pineda, señaló que el monto observado es de 308 millones de pesos, mismo que está en etapa de investigación. Argumentó que la auditoría practicada se diseñó con apego a la normativa en la materia.

En esta reunión colegiada, las diputadas y diputados emitieron sus opiniones y posturas respecto de los resultados de la auditoría. Las preguntas fueron resueltas oportunamente.

Las diputadas y diputados revisarán a fondo la información recibida, a fin de conocer de forma pormenorizada los datos obtenidos y contribuir en la fiscalización y la transparencia de la aplicación de los recursos públicos destinados a la Universidad Autónoma de Nayarit.

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Congreso Nayarit

Garantiza Congreso derechos sociales de nayaritas

Luis Segura

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• La nueva Ley para el Desarrollo Social del Estado de Nayarit promueve y protege la política social en el estado.

Tepic,12 de enero de 2020.- Los derechos sociales consagrados en la Constitución federal y la Constitución local se garantizan, promueven y protegen con disposiciones puntuales en la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Nayarit aprobada en el primer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado.

El origen se basó en tres propuestas planteadas por las legisladoras Ana Yusara Ramírez Salazar, Érika Leticia Jiménez Aldaco y el legislador Manuel Ramón Salcedo Osuna.

La nueva Ley consta de 83 artículos y cuatro transitorios, que detallan que la política social se sujetará a los principios de justicia distributiva, solidaridad, sustentabilidad, respeto a la diversidad, libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, perspectiva de género, equidad, bienestar y desarrollo humano.

En el mismo contenido del nuevo ordenamiento, se garantiza y reconoce que toda persona que habita en la entidad tiene derecho a la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y la no discriminación, así como a participar y ser beneficiada de los programas sociales.

Se destaca que la política social encamina los recursos físicos, humanos y financieros de las instituciones públicas y sociales, a su vez, la política estatal de desarrollo social comprende los programas, acciones, directrices, líneas de acción y convenios bajo los criterios de transversalidad y de integralidad, para evitar la transmisión generacional de las condiciones de pobreza entre las personas, grupos sociales y comunidades.

La Ley, prevé la integración del Sistema Estatal de Desarrollo Social, mecanismo permanente que se coordinará con la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva y con el Sistema Nacional de Desarrollo Social.

También se contempla un Consejo Consultivo y la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo Social, que fungirá como un organismo de coordinación, apoyo y vinculación entre las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, presidida por la persona titular del Poder Ejecutivo y conformada por quienes sean titulares de diversas secretarías y dependencias que tengan atribuciones relacionadas con la materia.

En el contenido de la ley se hace mención que el gobierno del estado y los municipios fomentarán actividades para proteger y ayudar a quienes estén en situaciones de pobreza y vulnerabilidad para que tengan condiciones dignas de vida, además de que el presupuesto destinado al gasto social no podrá ser inferior al del año fiscal anterior.

Contempla un padrón único de personas beneficiarias para conocer el destino de los apoyos de los programas de desarrollo social, transparentar el uso de los recursos públicos, unificar y sistematizar la información de las personas beneficiarias de los programas; además, se estipula la denuncia popular, misma que podrá ejercer cualquier persona.

El objetivo de la política de desarrollo social en el estado es generar las condiciones para que las personas y la sociedad puedan satisfacer sus necesidades humanas para fortalecer el pleno goce de sus derechos y garantías políticas, económicas, sociales y culturales.

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